“Rivas, Justo José s/recurso de casación”.

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CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA III
Registro: 494/2026
///nos Aires, a los 30 días del mes de abril del año 2026, se reúne
la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los
señores jueces Carlos A. Mahiques -Presidente-, Mariano H. Borinsky y
Guillermo J. Yacobucci -vocales-, para decidir acerca del recurso de
casación interpuesto en la presente causa FRO
43000367/2003/TO4/23/4/CFC90, caratulada: “Rivas, Justo José
s/recurso de casación”.
Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su
voto, resultó el siguiente orden de votación: Mariano H. Borinsky,
Carlos A. Mahiques y Guillermo J. Yacobucci.
El señor juez doctor Mariano H. Borinsky dijo:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de
Rosario, por resolución del 19 de febrero de 2026, resolvió –en lo
que aquí interesa-: “1. Prorrogar la prisión preventiva de Justo José
Rivas (…) desde el 23 de febrero de 2026 por el lapso de un (1) año o
hasta la finalización de la audiencia de debate, lo que ocurra
primero…”.
II. Contra dicha decisión, el defensor público oficial del
imputado, interpuso recurso de casación, el que fue concedido por el
a quo.
III. La parte encarriló su presentación recursiva en ambas
causales previstas en el art. 456 del C.P.P.N.
En primer lugar, recordó que su defendido se encuentra
detenido -para la presente causa- desde el 23/8/2021, habiéndose
prorrogado la prisión preventiva en varias oportunidades.
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Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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En ese marco, expresó que la imposición y mantenimiento del
encierro cautelar, para resultar legítimo, debe encontrar razón en la
necesidad de neutralizar riesgos procesales.
Señaló que “De conformidad con lo dispuesto por el art. 1
de la ley 24.390, la prisión preventiva solo podría prorrogarse por
la cantidad de delitos atribuidos al procesado o la evidente
complejidad de la causa, supuestos que no han quedado demostrados en
autos”.
De ese modo, adujo que la prórroga dispuesta “vulnera el
principio nulla coactio sine lege, pues el legislador solo habilitó
la posibilidad de extender la prisión preventiva en los supuestos
detallados”.
Así las cosas, destacó que la liberación de su asistido no
equivale a impunidad ni pretende introducir un supuesto no escrito de
extinción de la acción. Y que, habiendo transcurrido ya un lapso de
más de cuatro años, atento las características del presente supuesto,
la respuesta estatal no puede ser otra más que la de ordenar el cese
de la prisión preventiva de su defendido.
En apoyó a su tesitura, citó los parámetros fijados por la
Corte Suprema en el precedente “Castillo”.
En esa línea, sostuvo que el Alto tribunal fue claro al
disponer que “cuando los tribunales deben analizar si prorrogan la
prisión preventiva de un imputado más allá de los plazos máximos
previstos en la ley, deben tener en cuenta que se trata de una medida
excepcionalísima, que bajo ningún punto de vista puede basarse
exclusivamente en la gravedad del hecho atribuido” (el destacado
pertenece al original).
En ese contexto, indicó que el tribunal a quo ordenó la
continuación de la medida cautelar por el término de 1 año, habiendo
2 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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ya excedido el máximo plazo legal, sin determinar específicamente el
motivo.
De igual modo, subrayó que resultaba arbitrario pretender
fundar la complejidad de la causa en la acumulación existente de 11
expedientes y basar en ello la prórroga de la prisión preventiva, por
cuanto su defendido está siendo investigado y será juzgado por el
hecho por el cual fue requerido, por lo que la demora en la
tramitación y juzgamiento de aquellos en los que es absolutamente
ajeno, mal puede perjudicarlo.
En adición, expuso que de las constancias de la causa se
aprecia la inexistencia de riesgos procesales –al no registrarse
incumplimientos en las obligaciones inherentes a la prisión
domiciliaria-, lo cual obliga a conceder el cese de la prisión
preventiva.
Informó, a su vez, que su defendido permaneció -durante el
mes de diciembre pasado- internado en la unidad coronaria del
Hospital Militar Central, y si bien a la fecha ya se encuentra
nuevamente en su domicilio, debe cumplir con las prescripciones
especificas indicadas por su médico tratante; por lo que afirmó que
sería difícil imaginar cómo podría sostenerse el riesgo procesal a su
respecto.
Por último, invocó el catálogo de medidas menos lesivas
establecidas en el art. 210 del Código Procesal Penal Federal.
Por ello y demás argumentos expuestos en su impugnación,
solicitó que se haga lugar al recurso bajo estudio.
IV. En la oportunidad prevista por el art. 465 bis en
función de los arts. 454 y 455 del CPPN (según ley 26.374), el
Defensor Público Oficial mantuvo la impugnación mediante la
presentación de breves notas, peticionando que se haga lugar a lo
solicitado.
3 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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En contraposición, el Ministerio Público Fiscal postuló el
rechazo.
V. Superada dicha etapa procesal, las actuaciones quedaron
en estado de ser resueltas.
VI. Inicialmente, corresponde señalar que el recurso de
casación interpuesto por el defensa resulta formalmente admisible de
conformidad con lo prescripto en los arts. 456, 457, 459, 460 y 463
del CPPN.
De manera liminar, cabe precisar que conforme surge de la
resolución impugnada, Justo José Rivas se encuentra elevado a juicio
por el delito de a) homicidio agravado por el concurso premeditado de
dos o más personas (art. 80, inc. 6 del Código Penal que tuvieron
como víctimas a Osvaldo Cesar Abbagnato, Alfredo Fernando Mancuso y
Uriel Israel Rieznik y b) privación ilegal de la libertad, mediando
violencia y amenazas de Carlos Armando Grande (art. 144 bis, inc. 1 y
último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley
20.642- del Código Penal) todos en concurso real.
En lo que aquí interesa, el nombrado fue detenido el 23 de
agosto de 2021 y se encuentra actualmente cumpliendo detención en la
modalidad de prisión domiciliaria.
Por último, cabe poner de resalto que su prisión preventiva
se dispuso el 11 de agosto de 2022, siendo prorrogada con
posterioridad.
En la última de ellas, del 26 de agosto de 2025, el
tribunal de juicio lo hizo por el plazo de un año y esta Sala III
tomó nota y la redujo a seis meses a partir de su vencimiento (reg.
n° 875/2025).
Ahora bien, en lo que respecta a la presente incidencia, y
ante el inminente vencimiento de la última prórroga dispuesta, el
4 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de
la prisión preventiva de Rivas por el término de un año.
Al analizar el caso concreto, partió por destacar que sobre
Rivas recaía una restricción de la libertad ejecutada bajo la
modalidad de arresto domiciliario, circunstancia que imponía realizar
un análisis diferenciado a la luz del CPPF.
Ello así por cuanto la medida que actualmente cumple el
mencionado resulta una modalidad atenuada que les permite preservar
el núcleo de su vida privada, social y familiar en la comodidad de su
propia casa, careciendo de aflicción psíquica y física propia que se
manifiesta al estar en un ámbito carcelario.
Seguido, recordó la gravedad de los delitos que se le
atribuyen al nombrado y los fundamentos valorados oportunamente por
el juez instructor en ocasión de convertir su detención en prisión
preventiva.
Enfatizó que el imputado era investigado por hechos de
gravedad máxima y que se hallaban reunidos en el caso los supuestos
de peligrosidad procesal, como los previstos en el artículo 1° de la
ley 25.430 -cantidad de delitos atribuidos y evidente complejidad de
la causa, las características de los hechos, su conducta, el cargo
que ejerció, el modo clandestino en el que desarrolló las tareas-,
extremos que constituían pautas y datos objetivos que permitían
presumir fundadamente la existencia de ciertos riesgos.
En dicho sentido, argumentó que no solo existía la
posibilidad de que aquel se profugara, sino también de hostigar y
amenazar a eventuales testigos, peritos o familiares de víctimas de
delitos de lesa humanidad, desvirtuar o destruir prueba,
entorpeciendo el proceso e impidiendo el inicio o desarrollo de la
audiencia de debate y, por consiguiente, la averiguación de la
verdad.
5 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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Por todo ello, solicitó que se prorrogue por el plazo de un
año la medida de coerción impuesta a contar a partir de su
vencimiento.
Llegado el momento de decidir, el Tribunal Oral Federal n°
1 de Rosario, resolvió prorrogar la prisión preventiva de Justo José
Rivas a partir del 23 de febrero de 2026 y por el término de un año o
hasta la finalización de la audiencia de debate, lo que ocurra
primero.
En ese marco, comenzó por explicar la situación procesal
que cursó la causa FRO 43000017/2011/TO1, la que como consecuencia de
la declinación de competencia del 3 de junio de 2025 en favor de ese
mismo tribunal, se acumuló a la FRO 430000367/2003/TO4. Que el 3 de
agosto pasado, se proveyó la prueba y una vez alcanzado el mismo
estadio procesal, se acumuló en el sistema de gestión judicial a la
presente causa.
Detalló que actualmente, en la causa FRO 430000367/2003/TO4
se encuentran acumulados once expedientes y que “conforme los
distintos estadios procesales que fueron cursando las mismas se
impidieron que en la presente causa se fije fecha de audiencia de
juicio oral y público”.
Así se indicó que a la complejidad de la causa se le suma
la amenaza de pena en expectativa que pudiera corresponderse a Rivas
en relación a la gravedad de los delitos reprochados.
Por lo demás, se consideró que no variaron las condiciones
ponderadas por el juez de instrucción cuando lo constituyó en
detención.
Por otra parte, de acuerdo a las pautas previstas en los
arts. 221 y 222 del CPPF, en conjunción con los parámetros
establecidos por el art. 319 del CPPN, se señaló que “se cuenta con
indicadores variados unívocos que verifican la existencia de los
6 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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riesgos procesales de fuga y entorpecimiento probatorio en torno a
los imputados, que amerita razonablemente mantener su encarcelamiento
preventivo. En efecto, se advierte la presencia de los indicadores de
riesgo procesal de fuga que refiere el inc. ‘b’ del art. 221 del
CPPF, teniendo en consideración la naturaleza, la seriedad de los
hechos ilícitos reprochados, la pena en expectativa y la
imposibilidad de que en tales condiciones -que se mantienen vigentes-
pueda considerarse una eventual condena de ejecución condicional”.
Como si ello fuera poco señaló, en coincidencia con lo
expuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal que “la
presente causa se encuentra en un estadio procesal avanzado -fueron
ofrecidas las pruebas por las partes intervinientes- lo que implica
extremar los recaudos para garantizar la presencia de Rivas (…)”.
En razón de todo ello, se sostuvo que se encuentran
configuradas las razones suficientes para afirmar la existencia de
peligro de fuga o entorpecimiento del proceso por parte de Rivas,
debiendo el tribunal maximizar los esfuerzos a los efectos de
garantizar el correcto desarrollo y la sujeción del imputado al
proceso.
Ahora bien, del análisis de la decisión impugnada se
advierte que el a quo realizó un examen adecuado e integral de la
normativa aplicable y de las circunstancias del caso para prorrogar
la prisión preventiva de Justo José Rivas.
En efecto, analizó con fundamentos suficientes la
razonabilidad y proporcionalidad del mantenimiento de la prisión
preventiva del encartado a la luz de las pautas establecidas en el
art. 1 de la ley 24.390 y del criterio sentado por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el precedente “Acosta” (Fallos: 335:533).
En función de lo expuesto, considero que la decisión traída
a estudio cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y
7 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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suficientes (Fallos: 302:2.284; 323:629 y 325:924, entre otros), a la
vez que está exenta de fisuras lógicas y resulta una derivación
razonada del derecho vigente con ajuste a las particulares
circunstancias del caso.
En efecto, la particular naturaleza que revisten los hechos
por los que Rivas fue imputado (delitos de lesa humanidad), exigía
que el a quo evaluara la cuestión debatida en autos con ajuste a los
principios rectores establecidos por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el precedente “Vigo”; extremo éste que se encuentra
satisfecho en el decisorio impugnado.
En este punto, deviene necesario memorar que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el precedente “Vigo,
Alberto Gabriel s/ causa N° 10.919” (V 261, L XLV, del 14/09/2010)
acerca de los motivos que pueden fundamentar el riesgo procesal en
las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad
cometidos en el marco de la última dictadura militar que sufrió
nuestro país. Dicha doctrina ha sido receptada en numerosos
precedentes del máximo tribunal (ver, por ejemplo, causa “Pereyra”, P
666 XLV, del 23/11/2010; causa “Otero”, O.83 XL VI, del 1/11/2011;
causa “Daer”, D.174 XLVI, del 1/11/2011).
En las mencionadas decisiones, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación tuvo especialmente en cuenta las características
particulares de los delitos imputados.
Desde esa lógica, concluyó que tales circunstancias sumadas
a la pena en expectativa, permitían presumir que, en caso de
recuperar su libertad, el imputado intentaría eludir la acción de la
justicia.
En base a ello, se aprecia sin más que, las críticas
efectuadas por la parte recurrente no han puesto en evidencia que la
decisión adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de
8 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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Rosario resulte ni infundada ni irrazonable a la luz de los
parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el precedente “Acosta”.
En este aspecto solo habré de aclarar que las
circunstancias fácticas del mencionado fallo “Castillo” no guardan
parangón con las presentes actuaciones.
En efecto, entre ambos supuestos median diferencias
sustanciales que corresponde señalar.
Nótese, en primer lugar, que mientras a Castillo se le
atribuyó la comisión de los delitos de lesiones graves calificadas,
privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados -en
concurso real-, a Rivas se le imputó la presunta comisión de los
delitos homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más
personas y privación ilegal de la libertad, mediando violencia y
amenazas -en concurso real-.
En segundo término, tampoco resulta equiparable la
extensión de la privación de libertad, pues mientras que Castillo
estuvo detenido por un lapso superior a los 11 años, Rivas se
encuentra privado de su libertad en este proceso desde el 31 de
agosto de 2021 –es decir, a la fecha, han transcurrido 4 años y 7
meses-.
Por último, y quizás la diferencia más significativa,
radica en que Rivas, en atención a la imputación reprochada, enfrenta
una pena de prisión perpetua, circunstancia que, conforme reiterada
jurisprudencia, constituye un elemento de singular relevancia al
momento de ponderar la existencia de riesgos procesales.
En tales condiciones, la analogía pretendida por la defensa
con el precedente “Castillo” resulta manifiestamente improcedente en
autos, pues pretende extrapolar conclusiones adoptadas en un contexto
9 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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fáctico diverso y prescinde de atender a las circunstancias concretas
del caso.
De esta manera, los embates del impugnante sólo revelan
discrepancias valorativas que, más allá de evidenciar la existencia
de una fundamentación que no comparte y tampoco rebate, en modo
alguno configuran un supuesto de errónea aplicación de la ley
sustantiva o un supuesto de arbitrariedad.
Cabe precisar que la doctrina de la arbitrariedad posee un
carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un
apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una
absoluta carencia de fundamentación (Fallos 295:140, 329:2206 y sus
citas; 330:133, entre otros); defectos que no se observan en el caso.
En definitiva, la defensa no ha logrado demostrar que el
pronunciamiento cuestionado carezca de fundamentos suficientes y
tampoco que comporte la afectación de las garantías constitucionales
invocadas.
La prórroga de la prisión preventiva está debidamente
motivada en los términos del art. 123 del C.P.P.N; motivo por el cual
la resolución recurrida no puede ser descalificada como acto
jurisdiccional válido.
A todo evento, no puede soslayarse el estado avanzado del
de las actuaciones -en tanto debería realizarse prontamente la
celebración del juicio oral y público-, como tampoco lo destacado por
la propia defensa en su escrito de impugnación en cuanto a que Rivas
cumple arresto domiciliario por lo que su detención se encuentra
morigerada.
Por último, cabe agregar que, en el día de la fecha, esta
Sala -en el marco del control de la prórroga dispuesta- resolvió, por
mayoría, reducirla al término de seis meses, exhortando a que se
10 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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proceda a la fijación de la audiencia de debate oral y público, por
lo que corresponde estar a lo allí dispuesto.
Por ello, propongo al Acuerdo: I. RECHAZAR el recurso de
casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial de Justo José
Rivas, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del
C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada.
El señor juez doctor Carlos A. Mahiques dijo:
Advierto en el subexamine que la resolución impugnada, no
es susceptible de ser reputada como un acto jurisdiccional válido, en
los términos del art. 123 del CPPN y solo exhibe una motivación
aparente, lo que abastece una de las causales de arbitrariedad
definidas en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que exige que las decisiones judiciales sean fundadas y
constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos:
311:621).
La decisión adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal n° 1 de Rosario, en tanto supera el plazo estipulado
legalmente –conforme artículo 1° de la Ley 24.390, reformado por Ley
25.430 -, exige una carga de fundamentación reforzada de acuerdo a lo
establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
precedente “Castillo, Carlos Ernesto” (Fallos: 348:1357). Allí, el
Alto Tribunal determinó que, superado el plazo máximo previsto en la
ley 24.390, la prisión preventiva pasa a constituir la “excepción de
la excepción”, lo que impone demostrar de manera concreta, actual y
específica la subsistencia de riesgos procesales que justifiquen su
mantenimiento. Esa exigencia en la fundamentación requerida en el
citado precedente no fue plasmada en la decisión que se encuentra
bajo análisis ante esta sede revisora.
En el caso, la decisión que prorroga la prisión preventiva
de Justo José Rivas, se limita a la invocación de fórmulas abstractas
11 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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referidas a la gravedad del hecho investigado, la elevada expectativa
de pena y la supuesta existencia de riesgos de fuga u obstaculización
del proceso, sin acreditar la actualidad, intensidad ni entidad
concreta de tales peligros en relación con las circunstancias
particulares del imputado –in re “Castillo”, considerandos 10 y 11-.
En efecto, tal como lo señaló la defensa oficial, Rivas se
encuentra detenido desde el 23 de agosto de 2021, sin que se haya
dictado sentencia. Alegó que en tanto se encuentra excedido
largamente el plazo de prisión preventiva ésta perdió razonabilidad y
se transformó en un claro adelanto de condena.
Afirmó que esa parte tampoco realizó acto dilatorio alguno
que afecte el normal desarrollo del trámite de la causa. Sostuvo que
en la sentencia se justificó el encierro preventivo ante un eventual
peligro de fuga y/o entorpecimiento de la producción de prueba,
extremos que no se hallaban probados con relación a su defendido, así
como tampoco se precisaron las circunstancias concretas que de la
causa que permiten afirmar que eludirá la acción de la Justicia.
Además, sostuvo que resulta arbitraria la afirmación de que
la prórroga de la prisión preventiva resulta menos lesiva al
encontrarse el imputado detenido en prisión domiciliaria, y concluyó
que las sucesivas prórrogas dispuestas, exceden largamente lo
establecido por la ley 25.430 y configuran un adelanto de condena.
Corresponde señalar que tribunal de la anterior instancia
más allá de remitirse a precedentes de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, tampoco efectuó un análisis sobre la razonabilidad del
tiempo de detención cautelar ya cumplido a la luz del estado de
avance del proceso, lo que resulta indispensable para verificar si la
medida mantiene un carácter cautelar legítimo o si —por el contrario—
pasó a operar como una pena anticipada, en contravención a la
presunción de inocencia.
12 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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Cabe recordar que conforme lo señala el Tribunal superior
en el precedente Castillo mencionado supra “…el hecho de que el
imputado, quien goza de la presunción de inocencia que consagra la
Constitución Nacional y la ley, esté acusado de gravísimos delitos
que deben ser debidamente juzgados, no justifica por sí solo la
imposición de una medida tan gravosa de restricción preventiva de la
libertad ni mucho menos su extensión por un plazo excesivamente
prolongados…” el cual en los presentes actuados se extendió por sobre
el plazo máximo previsto por ley.
Así pues, para justificar la presente prórroga de la
prisión preventiva es necesario acreditar, mediante indicios
concretos, que subsisten los requisitos necesarios para sostener el
encierro provisorio, lo cual supone demostrar de modo específico la
vigencia actual del peligro procesal que se afirma. Ello, en línea
con lo expresado por la Corte Suprema en el precedente “Acosta”
(Fallos: 335:533), en cuanto sostuvo que “…no debe entenderse que la
situación de hecho que dio lugar a la decisión que impuso la prisión
preventiva no pueda volver a valorarse en cuanto a la decisión de su
permanencia una vez transcurrido el plazo ordinario, puesto que esto
implicaría la presunción juris et de jure de que éstas no varían
conforme a diferentes circunstancias sobrevinientes de orden
personal, temporal y procesal” (considerando 25).
No puede dejar de mencionarse que el 26 de agosto de 2025,
esta Sala III -con integración parcialmente distinta- dispuso tomar
nota de la prórroga de prisión preventiva de Rivas y la redujo a seis
meses. Al mismo tiempo exhortó al tribunal oral a que en el mismo
plazo imprima celeridad al trámite de las actuaciones a los fines de
fijar audiencia de debate oral y público (cfr. FRO
43000367/2003/TO4/23/1/CFC72, RIVAS, José Justo y otro s/control de
prórroga de prisión preventiva, Reg. 875/25).
13 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA III
En el escenario reseñado, por fuera de las fórmulas
genéricas en cuanto a la seriedad y gravedad de los hechos imputados
y la pena en expectativa que se cierne sobre el imputado, el a quo no
explicó de qué manera se hallan presentes en el caso los riesgos
procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, sobre todo
cuando el imputado cuenta se encuentra detenido en prisión
domiciliaria desde hace más de cuatro años, cuenta con una avanzada
edad, con cuestiones de salud crónicas y permanentes que requieren
atención médica, y no se informaron incumplimientos a las reglas de
conducta impuestas.
De esta forma se observa que la decisión que dispuso
prorrogar la prisión preventiva de Justo José Rivas no cumple con los
estándares mínimos de fundamentación requeridos por el superior
Tribunal in re “Castillo” ya citado, por lo que corresponde hacer
lugar, sin costas, al recurso de casación interpuesto por la defensa
oficial, anular la resolución recurrida y devolver el expediente a su
origen a fin de que en forma urgente adopte una decisión conforme lo
establecido en el artículo 1° de la Ley 24.390, reformado por Ley
25.430, a la luz de los lineamientos asentados por el Alto Tribunal
en el citado precedente (arts. 470, 530 y ccdes. del CPPN).
Tal es mi voto.
El señor juez Guillermo J. Yacobucci dijo:
En las particulares circunstancias del caso, adhiero a la
solución propuesta por el colega que lidera el acuerdo.
Entiendo que el recurso de la defensa no podrá prosperar,
dado que el a quo analizó los elementos necesarios para fundar la
decisión cuestionada, conforme los estándares que regulan la materia.
Los argumentos invocados por el recurrente en el remedio
casatorio no logran demostrar la irrazonabilidad de los criterios
14 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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objetivos y subjetivos ponderados por el tribunal en la resolución
atacada.
Así, no surge de la sentencia recurrida vicio alguno de
fundamentación que lleve a su descalificación por vía de la doctrina
de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros) o
de la verificación de graves defectos del pronunciamiento (Fallos:
314:791; 321:1328; 322:1605).
Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde destacar que, en
el día de la fecha, esta Sala ha procedido a controlar la prórroga
oportunamente dispuesta, resolviendo su reducción al término de seis
meses y exhortando a que se imprima la debida celeridad al trámite de
las actuaciones, a fin de proceder a la fijación de la audiencia de
debate oral y público, por lo que corresponde estar a lo allí
dispuesto.
En consecuencia, en lo que aquí es materia de recurso, toda
vez que el recurrente no logró rebatir el razonamiento expuesto por
el a quo, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por
la defensa, sin costas en la instancia (arts. 470 y 471 - ambos a
contrario sensu-, 530 y 531 del CPPN).
Así voto.
Por ello, en mérito al acuerdo que antecede, por mayoría,
el Tribunal RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la
Defensa Pública Oficial de Justo José Rivas, sin costas en la
instancia (arts. 470 y 471 -ambos a contrario sensu-, 530 y 531 in
fine del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada.
Regístrese, notifíquese, comuníquese, remítase al tribunal
de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota
de envío.
15 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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16 Fecha de firma: 30/04/2026 Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: PABLO ARIEL IANNARIELLO, SECRETARIO DE CAMARA
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