DIAZ JOSE CARLOS c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1
Expte nº: 4263/2024MT
Autos: “DIAZ JOSE CARLOS c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”
Sentencia Definitiva del Expte Nº. 4263/2024
Buenos Aires,
AUTOS Y VISTOS:
Llegan las actuaciones a conocimiento de la Sala en virtud de los recursos
deducidos por ambas partes, contra la sentencia definitiva dictada en la presente causa.
Surge de los antecedentes del caso que el beneficio previsional fue otorgado
con fecha de adquisición del derecho 14/10/2021 al amparo de la ley 24.241,
modificada por la ley 27.609, cuerpos normativos a la luz de los que deberán ser
analizadas las quejas. Considerando, además, que los jueces no se hallan compelidos a
seguir a las partes en todas las argumentaciones o razones aducidas, ponderando una
por una y exhaustivamente, sino solo aquellas que guarden relación con lo decidido y
que se consideren esenciales y decisivas para fundar sus conclusiones y llegar a la justa
dilucidación del litigio. (Fallos 300:535, 302:253, entre muchos otros).
Con respecto a los agravios expresados en relación con la actualización de
la PBU, cabe tener presente lo decidido por la Corte en los precedentes “Quiroga,
Carlos Alberto”, “Sandoval, Norma Mabel c/ ANSeS s/ Reajustes Varios” y
“Pichersky, Alberto Raúl c/ A.N.Se.S s/ Reajustes Varios”, sentencias del 11 de
noviembre de 2014, 18 de abril de 2017 y 23 de mayo de 2017, respectivamente, donde
concluyó que debía considerarse, de manera concreta, qué incidencia tenía la ausencia
de incrementos de uno de los componentes de la jubilación sobre el total del haber
inicial y en caso de haberse producido una merma, constatar si el nivel de quita
resultaba confiscatorio. Análisis éste que debe hacerse en la etapa de ejecución de
sentencia, mediante la utilización del nivel general del índice de salarios elaborado por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para el período 2002-2006 y con
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posterioridad, de los respectivos aumentos generales otorgados por la ley 26.198,
decretos 1346/07, 279/08 y leyes 26.417, 27.426, 27.609 y sus modificatorias. (Fallos
330:4866).
Lo expuesto se convalida aún cuando no medie reajuste de las restantes
prestaciones (PC y PAP), ya que este Tribunal, en cuanto al modo de efectuar el
recálculo de la PBU, ha señalado que la comparación a la que se refiere el Alto
Tribunal en el precedente “Quiroga”, debe realizarse sobre el total del haber inicial que
percibe el titular que, si fue reajustado será sobre esos valores, pues ese es el haber que
percibe. En cambio, si el haber de la PC y de la PAP no fueron reajustados, al percibir
el haber inicial total sin reajustar, éste debe constituir el parámetro con el cual se debe
efectuar la comparación a fin de determinar la confiscatoriedad que habilita la
recomposición del haber de la PBU (Conf. esta Sala, “in re” “Colao, Humberto
Santiago c/ANSeS s/reajustes varios”, expte. nº 116.476/10, sentencia de 12/08/22 y
“Luján Noemí Mónica c/ANSeS s/Reajustes Varios”, expte. nº 16.927/22, sent. del
16/08/23).
Con relación al cuestionamiento relativo a la actualización de las
remuneraciones a las que se refiere el art. 24, inciso a) y las mencionadas en el art. 97
de la ley 24.241, y sus modificaciones; toda vez que el Poder Legislativo, al momento
de reunir el afiliado los requisitos para acceder al beneficio, ya había establecido los
parámetros para la actualización de los salarios computables para el cálculo de la
prestación inicial, corresponde aplicar las disposiciones legales vigentes. En efecto, los
jueces, en el cumplimiento de su misión constitucional deben discurrir los conflictos
litigiosos luego de examinar la realidad fáctica, subsumiéndola en las normas jurídicas
que la rigen. Atribución que por ser propia y privativa de la función jurisdiccional lleva
a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes y
que encuentra su único límite en el principio de congruencia. (Fallos 344:1857).
Al respecto, desde la entrada en vigencia de las leyes 27.426 y 27.609, se
evidencia una clara decisión legislativa en orden al índice que corresponde considerar a
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los fines de la actualización de las remuneraciones, por lo tanto, la pretensión de la
parte actora referida a la aplicación al caso de autos de los precedentes “Elliff, Alberto
c/ Anses s/ Reajustes Varios”, sentencia del 11 de agosto de 2009, CSJN, y “Blanco
Lucio Orlando c/ANSeS s/Reajustes Varios”, del 18 de diciembre de 2018, CSJN, debe
rechazarse.
Respecto de la queja relacionada con la actualización de los montos o
rentas de referencia correspondientes a las categorías autónomas en las que
revistió el afiliado, corresponde, a los fines de calcular el haber inicial de la prestación,
analizar la eficacia de las reglamentaciones vigentes en los períodos en los que se
concretaron las cotizaciones.
Con relación a las realizadas con anterioridad a julio de 1994, debe
tomarse en cuenta la totalidad de los años aportados como trabajador independiente y
no fijar el límite en los últimos quince años -cantidad que debía luego multiplicarse por
el haber mínimo vigente al tiempo de obtenerse el beneficio-, pues de tal modo se
excluyen del cálculo extensos períodos anteriores durante los cuales se aportó a
categorías superiores, obteniéndose un promedio que no refleja adecuadamente el
esfuerzo contributivo realizado. Tal solución se ajusta a las previsiones de la ley 18.038
(ver CSJN: “Makler, Simón c/ ANSeS s/ inconstitucionalidad ley 24.463” M
427.XXXVI; Fallos 331:2166 y 338:148).
Los aportes que se hubieran efectuado mediante la adhesión a un plan de
facilidades de pago para acceder al beneficio, no serán objeto de actualización. En
efecto, al no haber sido ingresados concomitantemente con la realización de tareas,
ingresaron tardíamente al sistema a valores actualizados al momento de determinación
de la deuda y como condición para acceder al beneficio previsional.
En el sentido precedentemente indicado, se ha expedido recientemente esta
Sala en su composición actual en el caso “García Antonio c/Anses s/Reajustes Varios”,
Expte. 161.793/2018, sentencia definitiva del 15/3/2021.
Fecha de firma: 07/05/2025 Alta en sistema: 12/08/2025 Firmado por: VICTORIA PEREZ TOGNOLA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VIVIANA PATRICIA PIÑEIRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: ADRIANA CLAUDIA CAMMARATA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: PATRICIA ALEJANDRA ROSSI, SECRETARIA DE CAMARA
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En cuanto a la movilidad del haber y atendiendo a la fecha de adquisición
del derecho resultan plenamente aplicables al caso la ley 27.609, reglamentarias y
modificatorias, cuyas previsiones deberán observarse estrictamente al momento de
practicarse el cómputo definitivo, sin que pueda reeditarse en esa etapa la cuestión
constitucional, ya que es atribución del Congreso, disponer las pautas adecuadas para
hacer efectiva la movilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional
(Fallos: 295:694; 297:146; 300:616; 305:2083 y 2129; 306:1154; 307:1108; 308:394 y
885; 311:1213; 320:2825; 324:1177, considerandos 17 y 18; 329:2146 entre muchos
otros). Cualquier impugnación actual de dichas pautas resultaría hipotética y prematura
y no ha quedado demostrado en el caso que dichas disposiciones legales no respetan la
garantía constitucional consagrada en el art. 14 bis. (en igual sentido se expidió esta
Sala en “Lavecchia”, sent. 8/3/2019, consid. IX).
El análisis del agravio relativo al art. 9 de la ley 24.463 debe diferirse para
el momento en que se apruebe el cómputo definitivo en la etapa de ejecución, momento
en que deberá declararse su irrazonabilidad si su aplicación genera diferencias
superiores al 15% (cfr. “Del Azar Suaya, Abraham c/ INPS Caja Nacional de Previsión
de la Industria, Comercio y Actividad civil” 25/9/1997) y (cfr. “Panizza, Alfredo José
c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles”, CSJN
7/4/1998).
En orden a la razonabilidad de l , el examen os arts. 9 y 25 de la ley 24.241
de constitucionalidad debe ser concretado a la luz de lo decidido por el Alto Tribunal
en el precedente “Gualtieri” ( Fallos 340:411), donde se sostuvo que “permitir que el
trabajador que cotizó solo por una parte de su salario de actividad en virtud del límite
contenido en el art. 9° de la ley 24.241, obtenga una prestación que incluya las sumas
por las que no contribuyó al sistema, constituiría un verdadero subsidio contrario a la
protección del esfuerzo contributivo realizado por el conjunto de los afiliados”.
Fecha de firma: 07/05/2025 Alta en sistema: 12/08/2025 Firmado por: VICTORIA PEREZ TOGNOLA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VIVIANA PATRICIA PIÑEIRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: ADRIANA CLAUDIA CAMMARATA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: PATRICIA ALEJANDRA ROSSI, SECRETARIA DE CAMARA
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En tales condiciones, la norma no puede ser tachada de irrazonable ya que
una decisión en otro sentido carecería de sustento fáctico y resultaría basada en
argumentos que no guardarían relación con los hechos de la causa.
Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe advertir que el tope del art. 25 de la
ley 24.241 al que venimos haciendo referencia es inaplicable a las remuneraciones
anteriores a febrero de 1994, de acuerdo al criterio plasmado por el Alto Tribunal en el
caso “Carpinelli, Roberto Alfredo c/ANSES s/Reajustes Varios”, sentencia del 15 de
octubre de 2015.
Respecto del agravio relacionado con la razonabilidad de los topes
establecidos por el art. 26 de la ley 24.241, la Resolución SSS 6/2009 y el punto 4 de
la reglamentación del art. 24 de la ley 24.241, aprobada por el art 4 de la Resolución
SSS 3/2021 (vigente a partir del 22/2/2021) que derogó el art. 14 de la primera, deberá
posponerse para el momento de practicarse el cómputo definitivo a la luz de los
parámetros establecidos en las sentencias a ejecutar y la doctrina sentada por el
Tribunal Supremo en los autos “Del Azar Suaya, Abraham c/ INPS Caja Nacional de
Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles” 25/9/1997 y “Panizza,
Alfredo Jose c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades
Civiles s/ reajustes por movilidad” 07/04/1998.
Respecto de la posición manifestada en cuanto a la aplicación del
precedente de la Corte “Villanustre, Raúl Félix” del 17/12/1991, corresponde advertir
que dicha cuestión deberá ser examinada, también, al tiempo de aprobarse el cómputo
final en el momento de efectuarse la liquidación definitiva y sin olvidar las
consideraciones realizadas por el mismo tribunal en el caso “Mantegazza, Ángel
Alfredo c/ Anses” sentencia del 14/11/2006.
La tasa de sustitución que reclama el actor sobre la base de lo decido por
la Sala III de esta Cámara el 19 de octubre de 2010 en el caso “Betancur, José c/
ANSeS s/ reajustes varios”, no puede ser atendido ya que en la ley 24.241, no resulta
necesaria la existencia de un porcentaje para calcular el monto del beneficio, sino que
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este surge del empleo de las normas que regulan sus distintos componentes. De tal
modo, el régimen vigente no se basa en una tasa de sustitución expresa y aplicable a
todos los beneficiarios sino que esa relación entre ingresos y prestaciones surge
implícita de los cálculos realizados y varía según la cantidad de servicios con aportes
que hubiere acreditado cada peticionario y del nivel de las remuneraciones percibidas
(Fallos 341:631).
Corresponde la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual que publica
el Banco Central de la República Argentina (Conf. art. 10, Dto. 941/91; C.S.J.N. L. 44
XXIV "López Antonio Miguel c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.", sentencia
del 10/6/92; y "Banco Sudameris c/Belcam S.A. y otro", sentencia del 17/5/94;
“Spitale, Josefa Elida c/ANSES s/Impugnación de resolución administrativa” CSJN
sent. del 17/9/04; y "Fallos" 303:1769; 311:1644, entre otros).
En materia de costas correspondiente a la , en atención anterior instancia
a la remisión que efectúa el art. 36 de la ley 27.423 a lo normado por el libro I, título II,
capítulo V del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y luego de ponderar el
resultado obtenido por las partes en la sentencia en crisis, corresponde imponerlas por
su orden (arts. 68 y 71 del CPCCN y CSJN “Morales, Blanca”, sentencia del 22 de
junio de 2023 (Fallos: 346:634)).
Imponer las costas en por su orden, en atención a la remisión la Alzada
que efectúa el art. 36 de la ley 27.423 a lo normado por el libro I, título II, capítulo V
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y conforme el resultado aquí
obtenido por las partes, (arts. 68 y 71 del CPCCN y CSJN “Morales, Blanca”, sentencia
del 22 de junio de 2023 (Fallos: 346:634)).
Las labores de la alzada realizadas por la dirección letrada de la actora se
estiman en el 30% de lo que se regule en la instancia anterior por dicha actuación (art.
30 de la ley 27.423).
Por ello el Tribunal, RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisibles
los recursos deducidos, 2) Revocar parcialmente la sentencia apelada, con el alcance
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expresado en los considerandos precedentes, 3) Imponer las costas en la Alzada por su
orden, en atención a la remisión que efectúa el art. 36 de la ley 27.423 a lo normado
por el libro I, título II, capítulo V del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y
conforme el resultado aquí obtenido por las partes, (arts. 68 y 71 del CPCCN y CSJN
“Morales, Blanca”, sentencia del 22 de junio de 2023 (Fallos: 346:634)), 4) Regular los
honorarios de la dirección letrada de la actora en el 30% de lo que se regule a su favor
en la instancia anterior.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente remítanse. publíquese
Fecha de firma: 07/05/2025 Alta en sistema: 12/08/2025 Firmado por: VICTORIA PEREZ TOGNOLA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VIVIANA PATRICIA PIÑEIRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: ADRIANA CLAUDIA CAMMARATA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: PATRICIA ALEJANDRA ROSSI, SECRETARIA DE CAMARA
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