MALDONADO TERESA ERNESTINA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1
Expte nº: 101296/2017MT
Autos: “MALDONADO TERESA ERNESTINA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”
Sentencia Definitiva del Expte. Nº 101296/2017
Buenos Aires,
AUTOS Y VISTOS:
Llegan las actuaciones a conocimiento de la Sala en virtud del recurso
deducido por la demandada, contra la sentencia definitiva dictada en la presente causa.
Surge de los antecedentes del caso que el beneficio previsional fue otorgado
con fecha de adquisición del derecho 16/08/2006, al amparo de la ley 24.241, cuerpo
normativo a la luz del que deberán ser analizadas las quejas. Considerando, además, que
los jueces no se hallan compelidos a seguir a las partes en todas las argumentaciones o
razones aducidas, ponderando una por una y exhaustivamente, sino solo aquellas que
guarden relación con lo decidido y que se consideren esenciales y decisivas para fundar sus
conclusiones y llegar a la justa dilucidación del litigio. (Fallos 300:535, 302:253, entre
muchos otros).
Con relación al cuestionamiento relativo a la actualización de las
remuneraciones a las que se refiere el art. 24, inciso a) y las mencionadas en el art. 97 de
la Ley 24.241, y sus modificaciones; corresponde aplicar el índice de los salarios básicos
de la industria y la construcción -personal no calificado- (Res. 140/95 Conf. Res. SSS
nº413/94 concordante con Res. D.E.A. 63/94) en las remuneraciones percibidas por el
titular hasta el 28 de febrero de 2009 (cfr. CSJN en el Fallo “Elliff, Alberto c/ANSES s
/Reajustes Varios”, sentencia del 11 de agosto de 2009). A partir de allí, y hasta la fecha de
adquisición del beneficio se aplicará la pauta de actualización fijada por la ley 26.417.
La demandada deberá abonar las diferencias resultantes entre las sumas percibidas y las
que debió percibir conforme al cálculo respectivo. A los fines de la consignación de los
haberes percibidos se deberán considerar los aumentos fijados en el decreto 279/2008 y en
la Resolución de ANSES 298/2008, en caso de corresponder.
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En relación con la queja interpuesta por el Organismo Administrativo en
torno a la aplicación del índice combinado dispuesto por la ley 27.260 y el Dto. 807/2016,
corresponde hacer el siguiente análisis.
La petición referida a la aplicación del decreto 807/2016 no puede
prosperar, toda vez que el decreto en cuestión limitó los ajustes a las prestaciones que se
otorgasen con alta mensual a partir de agosto de 2016, mientras que el actor ha adquirido
su beneficio con anterioridad a dicha fecha.
Idéntica solución corresponde darle a la solicitud de hacer valer lo normado
por la ley 27.260 debido a que el programa creado por dicha norma se aplica a los
beneficiarios que decidan participar voluntariamente, condición que no se ha verificado en
el caso.
En cuanto al índice previsto por la Resolución 56/2018, cabe destacar que
este Tribunal se ha expedido en autos “Venarotti Horacio Oscar c/ANSES s/Reajustes
Varios”, sentencia definitiva del Expediente Nº56.549/2015, del 12/7/2018, donde
estableció la inaplicabilidad de dicha resolución toda vez que la misma fija el índice de
actualización de las remuneraciones de manera retroactiva, contraviniendo lo dispuesto por
el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y los fundamentos y alcance del
decreto 807/16.
Sin perjuicio de ello, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el fallo “Blanco Lucio Orlando c/ANSeS s/Reajustes Varios”, del
18 de diciembre de 2018, donde se sostuvo que “La intervención indebida que lleva a cabo
el Poder Ejecutivo Nacional –a través de la ANSeS y de la Secretaría de la Seguridad
Social- al dictar y ratificar la Resolución nº 56/2018, sin tener la potestad constitucional
para hacerlo, contradice el art. 14 bis de la Ley Fundamental que conjuga el ideal
representativo con la realización de los derechos sociales” (considerando 20), corresponde
declarar de oficio la inconstitucionalidad de la citada Resolución de ANSES nº56/2018.
El análisis del agravio relativo al art. 9 de la ley 24.463 y del art. 26 de la
ley 24.241 debe diferirse para el momento en que se apruebe el cómputo definitivo en la
etapa de ejecución, momento en que deberá declararse su irrazonabilidad si su aplicación
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genera diferencias superiores al 15% (cfr. “Del Azar Suaya, Abraham c/ INPS Caja
Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividad civil” 25/9/1997) y (cfr.
“Panizza, Alfredo José c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y
Actividades Civiles”, CSJN 7/4/1998).
Respecto a los topes establecidos por la Resolución SSS 6/2009, deberá
posponerse para el momento de practicarse el cómputo definitivo a la luz de los parámetros
establecidos en las sentencias a ejecutar y la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en
los autos “Del Azar Suaya, Abraham c/ INPS Caja Nacional de Previsión de la Industria,
Comercio y Actividades Civiles” 25/9/1997 y “Panizza, Alfredo Jose c/ Caja Nacional de
Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ reajustes por movilidad” 07/04
/1998.
En cuanto a los agravios en torno a la exención de pago del impuesto a las
ganancias sobre las sumas resultantes a favor del actor, sin perjuicio del criterio sostenido
en reiteradas oportunidades por esta Sala y conforme la doctrina sentada por la Corte en
Fallos 212:51 325:2713, 332:1488 entre muchos otros, sobre la autoridad institucional de
sus fallos; cabe advertir que ella se ha expedido en autos “García, María Isabel c/ AFIP s/
acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, del 26/3/2019, en donde destacó
que el caso debía resolverse sobre la base de la naturaleza eminentemente social del
reclamo efectuado, garantizando la “igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de
los jubilados, como grupo vulnerable (art. 75 inc. 23). Consideró que la mera utilización de
la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y
pensionados no era suficiente al no tener en cuenta su vulnerabilidad, la que se encuentra
amparada por la Constitución Nacional, quienes ante esa omisión quedan en una situación
de notoria e injusta desventaja. Este criterio, ha sido reiterado por aquél tribunal en
diferentes pronunciamientos posteriores (ver al respecto sentencia del 7.5.19 en la causa
“Godoy Ramón Esteban” y del 28.5.19 en autos “Kloster, María Guadalupe”, “Ortiz de
Pierola, Emilia” y “Rossi María Luisa.
En materia de costas correspondiente a la anterior instancia, en atención a
la remisión que efectúa el art. 36 de la ley 27.423 a lo normado por el libro I, título II,
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capítulo V del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y luego de ponderar el
resultado obtenido por las partes en la sentencia en crisis, corresponde imponerlas por su
orden (arts. 68 y 71 del CPCCN y CSJN “Morales, Blanca”, sentencia del 22 de junio de
2023 (Fallos: 346:634)).
Las labores de la alzada realizadas por la dirección letrada de la actora se
estiman en el 30% de lo regulado en la instancia anterior por dicha actuación (art. 30 de la
ley 27.423).
Por ello el Tribunal, RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisible el
recurso deducido, 2) Revocar parcialmente la sentencia apelada, con el alcance expresado
en los considerandos precedentes, 3) Imponer las costas por su orden en la Alzada, en
atención a la remisión que efectúa el art. 36 de la ley 27.423 a lo normado por el libro I,
título II, capítulo V del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y conforme el
resultado aquí obtenido por las partes, (arts. 68 y 71 del CPCCN y CSJN “Morales,
Blanca”, sentencia del 22 de junio de 2023 (Fallos: 346:634)), 4) Regular los honorarios de
la dirección letrada de la actora en el 30% de lo regulado a su favor en la instancia anterior.
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse.
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