RODRIGUEZ, ROBERTO JORGE ALEJANDRO c/ DUMIC, RUBEN SIMON s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O

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Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA J
62259/2022
RODRIGUEZ, ROBERTO JORGE ALEJANDRO c/ DUMIC,
RUBEN SIMON s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O
MUERTE)
Buenos Aires, 26 de .- /APE febrero de 2024 JC
Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.- Por devueltas. Téngase presente el dictamen que
antecede.
Vienen las presentes actuaciones a esta Sala a los fines
de conocer sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora el , incorporado al sistema informático y concedido 14/09/2023
en relación el , contra la resolución judicial dictada el 21/09/2023 13
. /09/2023
Dicho pronunciamiento, hace lugar a la excepción de
incompetencia deducida por la compañía aseguradora la "Mercantil
Andina S.A" y se dan por concluidas las presentes, todo ello con
costas a la parte actora en su calidad de vencida.
Se agravia el apelante mediante su presentación de fecha
y cuestiona -en prieta síntesis- que no se haya valorado 25/09/2023
que la citada garantía tiene su sede en la Av. Belgrano 672, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde ha recibido de plena
conformidad la carta documento de mediación obligatoria y la cédula
de notificación glosada y que ese hecho no ha sido desconocido por
la aseguradora.
Refiere que el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación determina diversas reglas para atribuir la competencia por
razón de territorio, imponiendo que la competencia territorial en
asuntos exclusivamente patrimoniales es prorrogable de manera
expresa o tácita, de conformidad con lo establecido en el art. 1 del
Código Civil y Comercial de la Nación. Agrega que dicha norma no
agota todos los supuestos de competencia territorial y tal es el caso
del art. 118 de la Ley 17.418, de donde surge que resulta indiferente
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tanto la importancia comercial de las oficinas de la compañía de
seguros como que la agencia en cuestión posea o no atribuciones para
contratar o que sea el lugar donde se celebró el contrato, pues la
citada norma no hace distinción sobre domicilio central, agencia o
sucursal.
Asimismo, se agravia por la imposición de costas a su
parte y resalta que se vio obligado a recurrir al órgano jurisdiccional
en demanda de sus derechos parcialmente reconocidos, por lo que
debe eximírsele de su imposición.
Por último, cita Jurisprudencia que abona su postura.
Corrido el pertinente traslado de ley, ha sido evacuado
por la adversaria procesal el , quien solicita se declare 12/10/2023
desierto el recurso de apelación bajo estudio, con expresa imposición
de costas.
Se integra la cuestión con el dictamen del Sr. Fiscal
ante esta Cámara, que obra precediendo a la presente.
II.- Primeramente, resulta prudente analizar el
cumplimiento de lo preceptuado por el art. 265 del Código Procesal,
en función de lo expuesto por la accionada con respecto a la
fundamentación del memorial del accionante.
La expresión de agravios constituye una verdadera
carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una
exposición jurídica que contenga una "crítica concreta y razonada de
las partes del fallo que el apelante considere equivocadas". Lo
concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el
agravio.
Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos
errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo,
especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones.
Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho
que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las
circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el
pronunciamiento (Morello, Augusto, "Códigos Procesal en lo Civil y
Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y
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Anotado", T° III, pág. 351, Abeledo Perrot, 1988; CNCiv., esta Sala
J, Expediente N° 41377/2017 “Carreras Sofía Belénn c/ Lippi Matias
Damian s/ daños y perjuicios” del 6/09/21).
De la lectura pormenorizada del memorial en cuestión se
advierte que se ha dado cumplimiento con la normativa señalada
y aún en el caso que pudiera considerarse que resulta dudoso
el cumplimiento del art. 265 del CPCN, lo cierto es que
corresponde proceder al estudio de los agravios allí vertidos en
función del criterio amplio que debe regir la protección del derecho
de defensa en juicio.
III.- Establecido ello, sobre el particular, corresponde
señalar que en materia de acciones personales derivadas de delitos
o cuasidelitos, es facultativo para la actora interponer su demanda
ante el juez del lugar del hecho (“forum delicti commissi”) o del
domicilio del demandado (“forum domicilii”), conforme al art.5º,
inc.4º, del CPCCN, con el alcance de que cuando el damnificado cite
en garantía a la aseguradora, la demanda puede interponerse también
ante el juez del domicilio de esta última (art.118, párrafo 2º, ley
17.418) (cfr. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial
Comentado y Concordado”, T° 1, p.58, Ed. Astrea; Díaz, Clemente,
“Instituciones de Derecho Procesal”, T° II, vol.V B, pág.736, Ed.
Abeledo Perrot).
Así las cosas, en lo que concierne a la controversia
suscitada, hemos sostenido con anterioridad que si bien la ley adjetiva
dota al accionante de tres opciones para radicar el proceso -el lugar
del hecho, el domicilio del demandado o el de la aseguradora de
aquél-, la jurisdicción en la cual la aseguradora citada en garantía
tiene una sucursal resulta incompetente para entender en la acción de
daños y perjuicios interpuesta, ya que el siniestro, el domicilio de las
partes que integran la litis y el lugar de celebración del contrato de
seguro se encuentran en otra demarcación territorial, siendo
insuficiente para atribuir competencia la sola existencia de una
delegación o agencia, pues, conforme lo establecido en el artículo 90,
incisos 3 y 4 del Código Civil-actual art. 152 del CCyC, para que el
asiento de la sucursal surta efectos de domicilio de la aseguradora es
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necesario que se trate de la ejecución de obligaciones allí contraídas
por los agentes locales de la sociedad (conf. CNCiv., esta Sala “J”, en
autos “Niezbriski, Pablo Alfredo c/Correa, Francisco Carlos y otros s
/Daños y perjuicios”, del 30/05/2014, publicado en DJ. 08/10/2014,
pág.95; íd, esta Sala J, “Vera Zunilda c/ Expreso Villa Nueva S.A. y
otro s/Daños y Perjuicios Exp. Nro. 39069/2019”, del 7/2/2020; Id.,
esta Sala J, “Pérez Marina Lucila c/ Benavidez Cesar Leopoldo y otro
s/ Daños y Perjuicios” Exp. Nro. 40312/2018”, del 8/6/2020; Id.,
esta Sala J, “Acosta, Leandro Gabriel y otro c/ Otero, Horacio y otro s
/ Daños y Perjuicios Exp. Nro. 31830/2018”, del 13/10
/2020,íd., “Pedraza Ricardo Sergio c/ Sampulise Hector y otro s/
daños y perjuicios” Expediente N°. 90799/2019 del 8/06/2021 , ïd.
“Baez Villalba Laura E. c/ DaCruz E. Silva Carlos M s/ daños y
perjuicios. Exp. Nro. 21074/2017 del 22/09/21, ïd., Expte N°61384
/2019 “Aranda Sergio Arturo c/ Uccelli Luis y otro s/ daños y
perjuicios” del 30/09/21).
Lineamientos éstos que resultan, pues, plenamente
aplicables al presente caso, donde ha quedado establecido que el
evento dañoso de marras habría ocurrido en la localidad de Castelar,
s, que el demandado se domicilia Provincia de Buenos Aire en la calle
Fray Cayetano Rodríguez Nro. 565, Haedo, Pdo. de Morón, Pcia. de
, que la citada en garantía tiene domicilio en la calle Buenos Aires
Necochea 183, de la Ciudad y Provincia de Mendoza, y que no se ha
acreditado que el contrato de seguro de marras se haya celebrado en
esta jurisdicción (v. agregada a la documental con el escrito de poliza
contestación de demanda).
De tal forma, hemos de rechazar los agravios levantados
por la accionante y confirmar la resolución impugnada cuando en el
supuesto de autos, la sola existencia de una delegación, agencia o
sucursal de la compañía de seguros en la jurisdicción donde se
interpuso la demanda por daños y perjuicios, no es determinante ni
atributiva de competencia alguna (conf. CNCiv., esta Sala “J”, Expte
n° 89080/2018 Rodriguez Dario R. C/ Gonzalez Christian Javier s/
daños y perjuicios" del 4/11/21).
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V.- En lo que concierne a las costas generadas en ambas
instancias, en primer lugar, y como se ha resuelto reiteradamente,
debe decirse que las costas son erogaciones que necesariamente
deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la
ley mediante la resolución judicial que pretenden (Podetti, Tratado de
los Actos Procesales, pag.111), siendo principio general en la materia
que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas
al vencedor” (conf. Morello, "Cod.Proc. Comentado y Anotado",
Tomo II, pag.363, ed Abeledo Perrot”).
Respecto a su imposición, el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación ha adoptado en su artículo 68 la teoría del
hecho objetivo de la derrota. “La justificación de esta institución está
en que la actuación de la ley no debe representar una disminución
patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar”, naciendo su
imposición del deber del juez de condenar al derrotado (conf.
Giuseppe Chiovenda, citado en Fenochietto – Arazi, “Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación”, t.1, pág.280).
El mismo artículo 68 del rito, en su segundo párrafo,
prescribe que el juez podrá eximir total o parcialmente de esta
responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare
mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de
nulidad.
Y dicha eximición de costas que autoriza el referido
artículo, es también aplicable a los incidentes en virtud de la remisión
contenida en el texto del artículo 69 del mismo cuerpo legal (cfr. esta
Sala, “B. d. C. A. S.A. c. C. J. A. s/ Incidente Civil” Exp. Nro. 120916
/1995/1, del 15/12/2020).
Es así que el principio así esbozado no resulta ser
absoluto, ya que en el segundo párrafo de la citada norma del ritual,
aquél se ve atenuado. Ello, por cuanto se autoriza a los jueces a que,
enmarcados en un prudente arbitrio, ponderando cada caso en
particular y siempre que resulte justificada tal exención, prescindan
de su aplicación, en tanto encuentren mérito suficiente para ello. la
condena en costas al vencido es la regla y su dispensa la excepción de
modo que el apartamiento de tal principio sólo debe acordarse cuando
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medien razones fundadas, pues la exención debe ser aplicada con
criterio restrictivo (Highton, Elena- Arean, Beatriz, "Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación", Tomo 2, pág.65).
Sólo es admisible la eximición frente a las características
peculiares y dificultades del asunto, pero en tales supuestos, la razón
probable para litigar debe encontrarse avalada por elementos
objetivos de apreciación de los que se infiere la misma sin lugar a
dudas.
Sentado el concepto así esbozado, habremos de señalar
que, en la especie, atento a la existencia de distintas corrientes
jurisprudenciales elaboradas en torno a la cuestión debatida, cabe
considerar que la actora actuó sobre la base de una convicción
razonable acerca de ésta materia en controversia y ello demuestra la
concurrencia de un justificativo suficiente para eximirla de cargar con
la totalidad de los gastos causídicos al configurarse, con extrema
claridad, el supuesto previsto en el artículo 68, segundo párrafo, del
Código Procesal.
Es por ello que habrán de admitirse parcialmente los
agravios vertidos por la apelante, correspondiendo la modificación
del decisorio apelado sobre el punto, debiendo imponerse las costas
en el orden causado.
Por lo expuesto, y oído que fuera el Sr. Fiscal de
Cámara, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la
. II.- Las costas de ambas instancias se imponen resolución recurrida
en el orden causado, debido a la particularidad de la cuestión y por
haberse podido creer la parte actora con derecho para peticionar
como lo hizo (art. 68 y 69 del CPCCN). Regístrese. Notifíquese a las
partes, al Sr. Fiscal de Cámara. Comuníquese a la Dirección de
Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Ac. N°15/13, art.4°, y 24
/2013) y devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
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