DELIA RITA ESTHER c/ ANSES s/RENTA VITALICIA

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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1
Expte nº: 17526/2020 MAD
Autos: “DELIA RITA ESTHER c/ ANSES s/RENTA VITALICIA”
Sentencia Definitiva
Buenos Aires,
AUTOS Y VISTOS:
Llegan las actuaciones a conocimiento de la Sala en virtud de los recursos
deducidos por ambas partes, contra la sentencia definitiva dictada en la causa.
La demandada se agravia de que se la condene a abonar la diferencia entre
el haber mínimo garantizado y la renta vitalicia previsional que percibe la actora,
soslayando que percibe su prestación a través de una Compañía de Seguros de Retiro
S.A., con la cual firmó un contrato del cual no formó parte. También se queja de que se
haya ordenado la aplicación de la movilidad al componente de capitalización, conforme
lo resuelto po la Corte en el precedente “Deprati”.
Solicita que se disponga actualizar los haberes de acuerdo a los índices
establecidos en la Resolución Anses 56/2018, la ley 27.260 y el decreto 807/2016 para
la determinación del haber inicial y se queja de la aplicación del precedente
“Villanustre”, de la declaración de inconstitucionalidad de los arts 9 de la Ley 24463,
24, 25 de la ley 24.241 y de lo decidido respecto a la retención en concepto de impuesto
a las ganancias. Asimismo se agravia en cuanto la a quo declara la inconstitucionalidad
de. 2 de la ley 27.426 y de que pese a rechazar la inconstitucionalidad de la Ley N°
27.541 y de los decretos mediante los cuales se otorgaron incrementos en los haberes
previsionales durante el año 2020, por el otro, ordene recomponer el haber previsional
de la actora correspondiente a enero de 2021, con la diferencia porcentual que pudiera
existir entre los aumentos suspendidos por dicha ley de emergencia y los abonados
durante 2020.
La parte actora se agravia del rechazo a la solicitud de recalculo del haber de
la renta vitalicia previsional y solicita se ordene actualizar las remuneraciones mediante
el ISBIC. Solicita que se revoque lo decidido en relación a la prescripción y se haga
lugar a la fecha inicial de pago peticionada en el escrito de inicio. Pretende la
declaración de inconstitucionalidad sobreviniente de los arts 7 inc 2 de la ley 24.463,
del art 2, 3 de la ley 24726 y 55 de la ley 27.541. Se queja de la tasa de interés aplicada
y de la aplicación del art 21 de la ley 24463. Solicita se regulen honorarios.
Surge de los antecedentes del caso que el actor que obtuvo el beneficio
N°155853339207 de pensión por fallecimiento directa al amparo de la ley 24.241 a
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partir del 31-10-2005 con componente público y privado. Optó por percibir su beneficio
bajo la modalidad de renta vitalicia vigente a partir del 1° de junio de 2002.
En relación al agravio que le merece a la demandada la condena a otorgar
movilidad al componente de capitalización cuando no ha participado en el contrato
celebrado a través de una Compañía de Seguros de Retiro S.A. cabe advertir que al
respecto se ha expedido esta Sala I en el Expte. 54387/2015, "MURGOITIA, SANDRA
PATRICIA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y Sumarísimos", sentencia interlocutoria del
11/05/16.
Los agravios relacionados con el reconocimiento del derecho a percibir de la
A.N.Se.S las sumas necesarias para que la prestación alcance el importe del haber
mínimo legal, encuentran adecuada respuesta en lo resuelto en la causa "Etchart,
Fernando Martín c/ ANSeS s/ amparos y sumarísimos", del 27/10/2015 (Fallos:
338:1092), antes citada.
En efecto, en dicho precedente la CSJN sostuvo que “Atento el propósito de
la ley 26.425 que asegura a los beneficiarios del derogado régimen de capitalización
idéntica cobertura y tratamiento que los deparados por el régimen previsional público
al resto de los jubilados, no resulta razonable privar al actor -que percibe una
jubilación íntegramente financiada por fondos privados que, al haber tenido exiguos
incrementos, ha quedado por debajo del mínimo legal- del mínimo de ingresos
garantizado por el Estado Nacional al resto de los pasivos comprendidos en el sistema
único de jubilaciones por lo que corresponde reconocer su derecho a percibir de la
ANSeS las sumas necesarias para que su prestación alcance dicho mínimo vital” y que
“Corresponde al Estado el deber de adoptar las disposiciones necesarias para
asegurar el nivel adecuado de las prestaciones previsionales toda vez que ello surge
con claridad del artículo 14 bis, tercer párrafo, de la Constitución Nacional y de
diversos instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país”.
Por todo lo expuesto, toda vez que en el caso concreto de autos se ha optado
por el sistema de capitalización y dentro de este sistema, se consideró más conveniente
la modalidad de renta vitalicia previsional para el cobro de su beneficio, toda vez que en
el caso el monto de la renta vitalicia en trato no alcanza el haber mínimo garantizado,
corresponde ordenar a la ANSeS que dicha integración se realice entre lo efectivamente
percibido por la actora y el haber mínimo vigente, de conformidad con lo expuesto
precedentemente .-
En ese sentido se ordena abonar las diferencias que se determinen a favor de
la actora resultantes de comparar el haber de la renta que percibe y/o percibirá, con el
que le hubiera correspondido percibir de aplicar a la renta inicial las pautas aquí
establecidas.
En cuanto a la participación del régimen de capitalización, el planteo
tendrá dos esferas de análisis, la primera referida a la redeterminación del haber inicial y
la segunda, será la procedencia de la concesión de movilidad a esta prestación.
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En cuanto al pedido de redeterminación del haber inicial es menester
señalar, que en su oportunidad el titular optó por encuadrar su beneficio en el marco de
renta vitalicia. Esta modalidad encierra un contrato suscripto en forma directa por el
afiliado con la compañía de seguros de su elección. El art. 101 de la ley 24.241
establecía que “…a partir de la celebración del contrato de renta vitalicia previsional la
compañía aseguradora será la única responsable y estará obligada al pago de la
prestación correspondiente al beneficiario desde el momento en que suscriba el contrato
y hasta el fallecimiento y a partir de éste al pago de las eventuales pensiones por
fallecimiento de los derechohabientes del causante al momento en que suscribió el
contrato…”.
En consecuencia, no es que se ha alterado el carácter de beneficio de la
seguridad social que ostenta la renta vitalicia previsional, sino que por el contrario tal
como sostienen Fernando H. Paya y María Teresa Martín Yañez, estamos frente a una
modalidad de pago que fuera contratada por el titular y que se abona a través de la
compañía de seguros de retiro, en virtud de haber recibido la prima en carácter de pago
y por lo tanto ese importe ha pasado a integrar su patrimonio y ello así no como
consecuencia de que el beneficio haya cambiado su naturaleza por ser transferido al
ámbito de la ley de seguros, sino porque es lo que sucede en la constitución de todo
tipo de Renta Vitalicia, conforme lo establecen los arts. 2070 y ss. del Código Civil. Es
decir que, el constituyente de la renta transfiere el dominio de una suma de dinero u
otro bien a cambio del pago de la renta por vida. (ver “Régimen de Jubilaciones y
Pensiones – Análisis crítico del Sistema Integrado Previsional Argentino –Leyes
24.241 y 26.425- y Regímenes Especiales-, Tomo II Las prestaciones 4ª edición
ampliada y actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As, agosto 2012, pág. 722 y ss.).
Por consiguiente, en este marco se estima que no podrá tener acogida
favorable el reclamo de la actora sobre la redeterminación, pues ello conllevaría a
modificar la voluntad que tuvo al suscribir el contrato libremente con la aseguradora,
así como apartarse de las normas legales y reglamentarias a que se hace referencia
precedentemente.
Adentrándonos al análisis de la segunda cuestión, esto es la movilidad
correspondiente a la renta vitalicia, cabe señalar que la CSJN en el caso “Deprati,
Adrián Francisco c/ ANSeS s/ amparos y sumarísimos” del 04/02/2016, sostuvo que
“…corresponde al Estado el deber de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar
una adecuada movilidad a las prestaciones previsionales. Ello surge con claridad del
art. 14 bis de la Constitución Nacional…”, “…una respuesta negativa a dicho análisis
implicaría transformar la opción que la ley jubilatoria ofrecía – percibir el beneficio
bajo la forma de renta vitalicia-, en un abandono de la movilidad, a la cual la Ley
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Fundamental considera un derecho irrenunciable…”. Por lo que se confirma lo
decidido en este punto.
En tal sentido, se ordena abonar las diferencias que se determinen a favor
de la parte actora resultantes de comparar el haber de la renta que percibe y/o percibirá,
con el que le hubiera correspondido percibir de aplicar a la renta inicial, las pautas aquí
establecidas.
Con respecto al planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.426, cabe
considerar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe prohibición de aplicar las
leyes en forma retroactiva, salvo que su dictado violente derechos amparados por
garantías constitucionales.
Así el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que, a partir
de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes. Agrega la norma que las leyes no tienen efecto
retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario y que la
retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías
constitucionales.
Analizando los términos tanto de la ley 26.417 y su reglamentación (Res.
S.S.N. nr. 06/09), como de la ley 27.426, se advierte que a la fecha de entrada en
vigencia de esta última, ya habían transcurrido los meses de julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y parte de diciembre de 2017, cuyos índices debían ser considerados
a los fines del cálculo de la fórmula prevista por la primera de las leyes citadas -ley
26.417- para otorgar el incremento semestral a aplicar a los haberes previsionales
devengados en el mes de marzo de 2018, por lo que fácilmente puede deducirse que la
ley 27.426, al modificar tales índices y aplicarlos sobre meses y días ya transcurridos
(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y buena parte de diciembre de 2017),
legisla retroactivamente en tanto que modifica índices correspondientes a períodos ya
transcurridos.
Sin embargo y de conformidad a lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y
Comercial de la Nación, tal aplicación no afecta derechos amparados por garantías
constitucionales, tal como el de propiedad sobre el que la parte actora formuló agravio.
Que ello es así en tanto que el derecho del actor –como el de todo beneficiario
previsional- a ver incrementado el haber con tales índices, hubiese quedado incorporado
a su patrimonio recién en el corriente mes de marzo de 2018, fecha ésta en la que la ley
27.426 ya se encuentra vigente, en tanto que el derecho a la movilidad con los índices
de los transcurridos meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de 2017, recién se hubiese determinado, otorgado y abonado con los haberes del mes de
marzo de 2018 y no antes, circunstancia que impide coincidir con el demandante de que
la movilidad devengó en tales meses (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2017) ingresando a su patrimonio en esas fechas. En efecto, la ley 26.417
claramente estipulaba dos momentos para otorgar el incremento por movilidad: en los
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CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1 meses de marzo y septiembre de cada año, por lo que no era sino en esas fechas en que
la movilidad se otorgaba y devengaba, sin que dicha ley determinara que la movilidad
se devengaba mes a mes aun cuando su pago se realizará semestralmente. La
circunstancia de que el legislador determinara que el monto de la movilidad a otorgar
semestralmente sería el resultado de una fórmula en la que se consideraban
determinados índices correspondientes a los meses de enero a junio y de julio a
diciembre, (a abonar en septiembre y marzo de cada año respectivamente), no es
sinónimo de un hipotético devengamiento mensual.
Por ende, toda vez que la reforma que el actor cuestiona entró en vigencia
con anterioridad al devengamiento de la movilidad otorgada por la ley 26.417, fecha
ésta en la cual tal derecho hubiese ingresado definitivamente a su patrimonio, no existe
en el caso violación alguna del derecho de propiedad del actor susceptible de invalidar
la norma retroactiva, así como ningún otro derecho amparado por garantías
constitucionales en la actualidad, conforme surge de los considerandos que anteceden.
En ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que el
derecho adquirido tiene, como característica común a las numerosas doctrinas que han
querido explicarle, la de un derecho ingresado al patrimonio que lo identifica con la
propiedad, comprensiva de todo aquello que forma el patrimonio del habitante de la
Nación, trátese de derechos reales o personales, de bienes materiales o inmateriales. La
mera expectativa o simple esperanza es, en cambio, una facultad no ejercida, que no
puede ser alcanzada por la protección anterior (Conf. C.S.J.N. “Russo, Ángel y Otra
c/C. de Delle Donne, E.”, voto del Dr. Luis María Boffi Boggero, Fallos: 243:467).
Por ello, no hallando configurada violación alguna al derecho de propiedad
del actor; ni asimismo en la actualidad y en forma manifiesta, afectados el derecho a la
movilidad de los haberes jubilatorios y el principio de progresividad, es que se habrá de
rechazar la pretendida inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27426. En consecuencia,
resulta abstracto el planteo respecto al incremento a aplicar al mes de marzo de 2018.
En cuanto al planteo relacionado con la ley 27.541 esta Sala se expidió
sobre el particular en el precedente “Nievas, Alicia Estela s/ amparos y sumarísimos”
Expediente N° 18.413/2020, sentencia de fecha 7 de abril de 2021. En dicho caso se
explicitaron las razones por las que se estimó que debe rechazarse la declaración de
inconstitucionalidad pretendida al considerarse reunidos los extremos que legitiman la
normativa de emergencia delineados por el Alto Tribunal (ver causa “Russo, Angel”
Fallos: 243:467 (1959); 313:1513 (1991), En igual sentido, CSJN, Fallos, 318:1887
(1995); 321:1984 (1998); 325:28 (2002); Fallos, 330:3002; entre muchos otros).
Asimismo, en orden al planteo en torno al reconocimiento de diferencias
una vez finalizada la emergencia decretada por la ley 27.541, cabe señalar que no tendrá
favorable acogida. Ello así, en tanto que al haberse convalidado la constitucionalidad de
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la norma de emergencia de acuerdo a lo expuesto en la presente, prescindir de su
aplicación a los fines de considerar los incrementos que se hubiesen producido
conforme la ley suspendida, importaría contradecir lo decidido en torno a su validez
constitucional. Por lo demás y a los fines pretendidos, cabe señalar que la ley 27.609
rige desde el día 05-01-2021 (art. 6).
En ese orden de ideas es importante recordar que el art. 1º de la ley 27.609,
ya desde su entrada en vigencia, sustituyó el art. 32 de la ley 24.241 y sus
modificatorias, disponiendo que las prestaciones mencionadas en los incisos a), b) c), d)
e) y f) del artículo 17 de esa ley serán móviles y que el índice de movilidad se obtendrá
conforme la fórmula que como Anexo forma parte integrante de esa ley. De allí que al
haber sido sustituida la movilidad contemplada en el art. 1º de la ley 27.426 desde la
fecha antes indicada, dicha movilidad no puede aplicarse a partir de la entrada en vigor
de la ley 27.609.
A dicha conclusión se arriba a pesar de lo dispuesto en el art. 2 de la ley
27.609, pues esa pauta temporal no puede interpretarse como el restablecimiento de la
vigencia de una norma derogada.
Respecto de la posición manifestada en cuanto a la aplicación del
precedente de la Corte “Villanustre, Raúl Félix” del 17/12/1991, corresponde advertir
que dicha cuestión deberá ser examinada, también, al tiempo de aprobarse el cómputo
final en el momento de efectuarse la liquidación definitiva y sin olvidar las
consideraciones realizadas por el mismo tribunal en el caso “Mantegazza, Ángel
Alfredo c/ Anses” sentencia del 14/11/2006.
Corresponde la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual que publica
el Banco Central de la República Argentina (Conf. art. 10, dto. 941/91; C.S.J.N. L. 44
XXIV "López Antonio Miguel c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.", sentencia
del 10/6/92; y "Banco Sudameris c/Belcam S.A. y otro", sentencia del 17/5/94; “Spitale,
Josefa Elida c/ANSES s/Impugnación de resolución administrativa” CSJN sent. del
17/9/04; y "Fallos" 303:1769; 311:1644, entre otros).
La demandada opuso la defensa de prescripción prevista por el art. 82 de
la ley 18.037, vigente por aplicación del art. 168 de la ley 24.241, así, corresponde
admitirla desde los dos años anteriores al reclamo administrativo que culminara con la
resolución impugnada, siempre que hubiere transcurrido el plazo legal; ya que se ha
mantenido invariable la jurisprudencia sentada por la Corte en la causa “Jaroslavsky,
Bernardo s/ jubilación”, sentencia del 26 de febrero de 1985. (ver Fallos 304:289,
310:1754, 308:2143).
En este orden, cabe además señalar que el art. 82 al que antes se hizo
referencia, no ha sido modificado por las disposiciones del Código Civil y Comercial de
la Nación por ser una disposición especial destinada a la tutela jurisdiccional
administrativa y judicial que guarda coherencia con los principios de la seguridad
social.
Fecha de firma: 14/05/2024 Alta en sistema: 23/05/2024 Firmado por: VIVIANA PATRICIA PIÑEIRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: ADRIANA CLAUDIA CAMMARATA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VICTORIA PEREZ TOGNOLA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA MARTA LAVIGNE, SECRETARIA DE CAMARA
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En materia de costas correspondiente a la anterior instancia, en atención a la
remisión que efectúa el art. 36 de la ley 27.423 a lo normado por el libro I, título II,
capítulo V del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y luego de ponderar el
resultado obtenido por las partes en la sentencia en crisis, corresponde imponerlas por
su orden (arts. 68 y 71 del CPCCN y CSJN “Morales, Blanca”, sentencia del 22 de junio
de 2023 (Fallos: 346:634).
Los restantes agravios formulados no guardan relación con lo decidido por
lo que corresponde su rechazo.
Las labores de la alzada realizadas por la dirección letrada de la actora se
estiman en el 30% de lo que se reguló ut supra a su favor para la instancia anterior. (art.
30 de la ley 27.423).
Por ello el Tribunal, por mayoría RESUELVE: 1) Declarar formalmente
admisibles los recursos deducidos. 2) Revocar parcialmente la sentencia apelada, con el
alcance expresado en los considerandos precedentes, 3) Costas por su orden en la
Alzada ante la falta de contradicción (art. 68, 2º del CPCCN, art. 36 de la ley 27.423 y
caso “Morales, Blanca” (Fallos: 346:634), 4) Regular los honorarios de la dirección
letrada de la actora en el 30% de lo que se regulo a su favor en la instancia anterior.
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse.
VIVIANA P. PIÑEIRO VICTORIA P. PEREZ TOGNOLA Juez de Cámara Juez de Cámara disidencia parcial
ADRIANA C. CAMMARATA Juez de Cámara La Dra. Perez Tognola dijo:
En relación con el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.426, me
remito a mi voto en la causa “Lavecchia Roberto c/ANSES s/Reajustes Varios”, Expte.
53858/14, sentencia de esta Sala del 8 de marzo de 2019 y por lo tanto declaro la
inconstitucionalidad del art. 2 de la mencionada ley, en tanto su aplicación retroactiva
tiene un neto carácter regresivo, al afectar la movilidad dispuesta por la ley anterior,
traduciéndose en un perjuicio económico confiscatorio para el beneficiario, que reduce
en forma retroactiva el monto del haber que le hubiese correspondido.
Por último, la demandada se agravia de que en la sentencia se le ordene
adicionar a la movilidad del 5,71% prevista en la Res SSS 2-E/18 una supuesta
diferencia faltante del 9,79% de la que resulta un incremento total del 15,5% al mes de
marzo/2018, sobre la base de un discrecional cálculo aritmético practicado en función
de la interpretación analógica del informe remitido a la Subdirección de Evaluación
Presupuestaria e Inversión Pública, en el Proyecto de Decreto 1058/2016.
Fecha de firma: 14/05/2024 Alta en sistema: 23/05/2024 Firmado por: VIVIANA PATRICIA PIÑEIRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: ADRIANA CLAUDIA CAMMARATA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VICTORIA PEREZ TOGNOLA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA MARTA LAVIGNE, SECRETARIA DE CAMARA
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Afirma que de este modo el magistrado soslaya la consideración no solo de
las variables previstas en el art. 2° de la ley 27.426, sino de aquellas que –de haber
mantenido vigencia el art. 32 de la ley 24.241, modificado por la ley 26.417
correspondía computar para el semestre julio/diciembre 2017, en los términos previstos
por el actor en su demanda y que se encontraba estimada entre el 12% y el 14%.
Sostiene que la determinación de un porcentual adicional del 9,79% sobre la
base de una interpretación analógica cuando no existen lagunas de ley, denotan la
inadmisible intromisión en la competencia propia de otros poderes del Estado en aras a
la determinación de la movilidad y, por ende, una condena arbitraria.
Ahora bien, resulta acertada la apreciación efectuada por la quejosa en
cuanto a que la pauta analógica aplicada por el magistrado no guarda relación con las
variables referidas por la ley 26.417. Sin embargo, ante la ausencia de publicación del
índice oficial, resulta necesario establecerlo en la medida que el juez de grado sustentó
su decisión en lo fallado por esta Sala en su anterior composición en autos “Lavecchia,
Roberto c/ ANSeS” (sentencia del 8/3/2019).
Con este propósito, resulta oportuno remitirse a la publicación realizada por
el Dr. Guillermo Jáuregui “Comentario a la ley 27.426 de reforma previsional”, RJYP T
XXVII, pág. 499, entre otros)”, en la que alude a un Memorándum “que el gobierno dio
a conocer en diciembre de 2017, sobre el Bono Compensatorio, en el que reconoció que
el aumento a otorgar en marzo de 2018, en base a la fórmula derogada, hubiera sido del
14%”. Dicho Memorándum también fue publicado en la misma fuente (págs. 519/520)
y refiriéndose a la jubilación mínima, alude a “un ajuste estimado del 14% según la
fórmula basada en la estimación de la recaudación…”
De allí que estimo que la información oficial expuesta en el citado
documento oficial, ante la falta de publicación oficial de una de las variables
contempladas en la ley 26.417 a los fines de determinar el porcentaje de aumento
omitido y, muy especialmente, ante el reconocimiento expreso de la demanda en este
sentido, resulta razonable considerar que dicho aumento ha sido del 14%. y disponer
que la liquidación a practicarse en autos se concrete computando dicho porcentaje.
Victoria Pérez Tognola
Juez de Cámara
Fecha de firma: 14/05/2024 Alta en sistema: 23/05/2024 Firmado por: VIVIANA PATRICIA PIÑEIRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: ADRIANA CLAUDIA CAMMARATA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VICTORIA PEREZ TOGNOLA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA MARTA LAVIGNE, SECRETARIA DE CAMARA
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