IGLESIAS MANUEL c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

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Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1
79925/2012
IGLESIAS MANUEL c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS
KAC
SENTENCIA DEFINITIVA
Buenos Aires.-
VISTOS:
La parte actora inició demanda contra la Administración Nacional de la
Seguridad Social solicitando el reajuste de su haber previsional, en tanto la falta
de movilidad y/o actualización de su beneficio, que señaló fue otorgado bajo las
disposiciones de la ley 24.241, le causa una grave lesión a sus derechos
amparados en la Constitución Nacional. A tal fin, planteo la inconstitucionalidad
de diversos artículos de la ley 24.463 y 24.241. Ofreció prueba y efectúo reserva
del caso federal.
La parte demandada contestó demanda, negando el derecho del actor al
reajuste peticionado e invocando diversas disposiciones legales. Planteó la
extemporaneidad del planteo referido al haber inicial. También objetó las
inconstitucionalidades planteadas y pidió el rechazo del reclamo iniciado, con
costas. Asimismo, opuso la prescripción de la acción en los términos del art. 82
de la ley 18.037.
La excepción de caducidad de la acción por extemporaneidad del reclamo
del haber inicial fue oportunamente rechazada el 23.4.2015.
La demanda fue incorporada digitalizada el 20.2.2024.
La contestación de demanda fue incorporada digitalizada el 30.10.2023.
El 31.10.2022 se acreditó la revocación del poder a la Dra. Stella Maris
Bender, firmante de la demanda. Y se presentó como letrado patrocinante, el Dr.
Darío Oscar de Sousa Cadete.
El 26.12.2024 se denunció y acreditó el fallecimiento del actor y se
presentó su beneficiaria de pensión Sra. Mirtha Elizabeth Fernández Flores, titular
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del Beneficio N 14 5 2546974 0 3, siendo su fecha inicial de pago el 23.7.2024 y
su fecha de alta el 1.12.2024.
Se encuentran los autos en estado de dictar sentencia.
CONSIDERANDO:
Habiendo las partes consentido el llamamiento de autos para sentencia, se
encuentran los autos en estado de su dictado.
De conformidad con la documental agregada a la causa, el causante
obtuvo su beneficio previsional de , conforme la Jubilación N 15 0 4271000 0 7
Ley 24241, siendo la fecha de adquisición del derecho el 21.3.2009 y su fecha
de alta el 1.8.2009, por sus servicios prestados en relación de dependencia,
. véase documental incorporada el 6.5.2024
En atención a que la demandada opuso la en los defensa de prescripción
términos del art. 82 de la ley 18.037, conforme art. 168 de la ley 24.241,
corresponde analizar la procedencia del pedido desde los dos años previos a la
interposición del reclamo administrativo. El límite siempre será la fecha de
adquisición del beneficio.
El accionante funda su demanda y su reclamo en la 18.037, no siendo
esta la ley aplicable, pues el beneficio fue otorgado conforme la ley 24.241
(PBU/PC/PAP).
Por ello, las observaciones formuladas por la parte actora en relación a la
redeterminación del haber inicial en los términos de la ley 18.037, no será
atendido, ya que un erróneo encuadramiento legal del reclamo en función de una
normativa que no resulta la aplicable, importaría soslayar que los jueces tienen no
solo la facultad, sino también el deber de discernir los conflictos y dirimirlos según
el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y
subsumiéndola en las normas jurídicas y con prescindencia de los fundamentos
que enuncian las partes. (Del Dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte
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hace suyo en autos “Guerrero Estela Mónica por si y sus hijos menores c/
Insegna Rubén Leandro”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del
2.3.2011, Fallos 334:120).
En igual sentido se expidió la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad
Social, en autos “Ibáñez Gregorio c/ Anses s/ Reajustes Varios”, con fecha
29.12.2022, al señalar que es requisito de la demanda y por ende una obligación
de la parte, la fundamentación jurídica del petitorio. Este recaudo no debe
entenderse como la simple referencia al artículo o artículos de una norma jurídica,
sino a la descripcion jurídica de la institución o instituciones que se pretenden se
reconozcan en la sentencia. Implica que se describa la norma aplicable a los
hechos materiales de la pretension.
Asimismo, agregó que no corresponde exigir que el juez supla las
deficiencias en el planteo de la pretensión sin su fundamentación jurídica, pues de
hacerlo alteraría la igualdad de las partes en el proceso que es su deber
resguardar (artículo 34 punto 5 inc. c) CPCCN).
En tal orden de ideas el demandante debe cumplir con la invocación de las
normas que son pertinentes a la pretensión planteada, las cuales considera y
peticiona que sean aplicadas al momento de emitir la decisión final.
En cuanto a la en el haber previsional que corresponde al movilidad
período posterior al 31.3.1995, resulta aplicable lo dispuesto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al fallar en las causas “ , Adolfo Valentín Badaro
c/ANSeS s/reajustes varios” del 8.8.2006 y del 26.11.2007 y “Padilla, María
Teresa Méndez de”, del 29.4.2008. Por lo tanto, declaro la inconstitucionalidad del
art. 7 inciso 2) de la ley 24.463.
En virtud de ello, corresponde estar a la postura señalada en dichos fallos,
con relación al período allí reconocido, esto es desde el 1.1.2002 al 31.12.2006,
-por el tiempo proporcional correspondiente, considerando la fecha de adquisición
del derecho del actor-, sin perjuicio de que al practicar la liquidación se
descuenten las sumas que pudieran haberse percibido en virtud de los decretos
del Poder Ejecutivo que dispusieron incrementos en las prestaciones en el
período indicado.
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A partir del 1.1.2007 resultan de aplicación las disposiciones pertinentes
de la ley 26.198, decretos 1346/07, 279/08, ley 26.417, la ley 27.426, 27.541,
27609, sus reglamentaciones y modificatorias.
En torno a la inconstitucionalidad de la ley , la Excma. Cámara de la 26.417
Seguridad Social ha señalado que: “La sola invocación de ser la norma objetada
violatoria de la Constitución Nacional, resulta insuficiente para obtener la
declaración de inconstitucionalidad que se pretende, siendo menester invocar y
demostrar en el caso concreto el perjuicio que ella apareja” (conf. SALA III, : in re
“Poch Pereyra Elena Beatriz c/ANSeS s/reajustes”, del 5/8/2009).
Respecto al planteo de inconstitucionalidad del art. 9 inc. 3 de la ley
he de diferir el mismo para la etapa de cumplimiento de la sentencia. 24.463
El test de razonabilidad de los topes diferidos para la etapa de ejecución de
sentencia, lo será en los términos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación “ , Loredano Luis Adolfo”, sentencia del 19.8.1999 (Fallos Actis Caporale
323:4216), en tanto su aplicación provoque una merma superior al 15 % respecto
de los haberes calculados conforme lo aquí ordenado.
En relación al , observo resto de las inconstitucionalidades planteadas
dos cuestiones que obstan a la procedencia del planteo. En primer lugar, la parte
peticionante, no acredita los daños concretos que la aplicación de la norma le
ocasiona. En segundo lugar, el pedido es genérico, lo que concluye en no
efectuar su tratamiento. En este sentido, la jurisprudencia es clara y uniforme al
señalar que: “El interesado en la declaración de inconstitucionalidad debe
demostrar claramente de que manera ésta contraría la Constitución Nacional,
causándole de ese modo un gravamen y para ello es menester que precise y
acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación
de la disposición, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente
conjeturales” (in re “Moño Azul S.A. s/ Ley 11.683”, Fallos 316:687).
El haber calculado de conformidad con las pautas diseñadas en el
presente decisorio, como asimismo las sumas que eventualmente resulten a favor
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de la parte actora, deberán ser íntegramente abonadas, sin quita alguna, de
conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
autos “ , Américo c/ Anses / Reajustes Varios”, sentencia del 28.11.2006. Pellegrini
Sin perjuicio de lo indicado, las diferencias que se devenguen a favor de la
parte actora, no podrán exceder los porcentajes establecidos en las leyes de
fondo, conforme Corte Suprema de Justicia de la Nación “ Raúl in re Villanustre
Félix”, sentencia del 17.12.1991, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución
Anses Nº 955/2008.
En lo que concierne a las s, omito restantes cuestiones alegada
pronunciarme por considerarlas inconducentes para la solución de la controversia,
tal como lo ha señalado reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en orden a indicar que los jueces están exentos de tratar todas las
cuestiones que le son propuestas por las partes y de analizar los argumentos que
a su juicio no sean decisivos (272:225), no están “obligados a seguir y decidir
todas las alegaciones de las partes, sino solo aquellas que estimen decisivas para
la correcta solución del litigio y el fundamento de sus conclusiones”.
En relación con los , se liquidarán desde que cada suma es intereses
debida conforme la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central
de la República Argentina (conf. CSJN, in re: “Spitale Josefa Elida c/ANSeS
s/impugnación de resolución”, del 14/9/04).
Las Anses, en los costas se imponen a cargo de la parte demandada
términos del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re
“Morales, Blanca Azucena c/ Anses s/ Impugnación de Acto Administrativo”, de
fecha 22.6.2023, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del DNU N
157/18 y ratificó la vigencia del artículo 36 de la Ley 27.423.
Por todo lo expuesto, y citas legales invocadas; : 1) RESUELVO Hacer
parcialmente lugar a la demanda interpuesta por la parte actora dejando sin
efecto la resolución impugnada; 2) Ordenar a la Administración Nacional de la
Seguridad Social que abone a la parte actora el haber recalculado y el retroactivo
de conformidad con las pautas establecidas en el presente decisorio dentro del
plazo de 120 días hábiles, a partir de que la sentencia quede firme, considerando
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que no se acompañó el expediente administrativo en soporte papel (Conf. art. 22
de la ley 24.463); 3) Diferir el tratamiento de las inconstitucionalidades
mencionadas en los considerandos respectivos para el momento de la ejecución
de la sentencia; 4) El haber resultante y las sumas que resulten a favor de la parte
actora deberán ser abonadas íntegramente, sin quita alguna, de conformidad con
lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar en la causa
“Pellegrini, Américo c/ ANSeS s/ reajustes varios” del 28.11.2006, no pudiendo
exceder los porcentajes establecidos en las leyes de fondo (conf. CSJN in re:
“Villanustre Raúl Félix” del 17/12/91y “Mantegazza Angel Alfredo c/Anses del
14/11/2006), teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 955/08. 5) Imponer
las costas a cargo de la parte demandada por los motivos expuestos en el
considerando respectivo; 6) Regular los honorarios correspondientes a la
dirección letrada de la parte actora en el 13% del monto total que perciba el actor
como consecuencia de la presente sentencia, de conformidad con los trabajos
realizados y disposiciones legales aplicables (arts. 1, 3, 6, 7, 8, 9 y concordantes
de la ley 21.839 modificada por ley 24.432), de aplicación al caso en virtud de las
observaciones formuladas por el PEN al art. 64 de la Ley 27423 mediante decreto
1077/17 y sus fundamentos, más el IVA en caso de corresponder. Dicho
porcentaje se distribuye en un 50 % a favor de la Dra. Stella Maris Bender
firmante de la demanda y 50 % a favor del letrado que continuó la acción, Dr.
Darío Oscar de Sousa Cadete. Respecto de los honorarios de la parte
demandada estese a lo dispuesto en el art. 2 de la ley 21.839 modificada por la
ley 24.432. Protocolícese, notifíquese a las partes, al Ministerio Público, cúmplase
y oportunamente archívese.
DRA. KARINA ALONSO CANDIS
JUEZA FEDERAL
En el día de la fecha notifiqué electrónicamente al Ministerio Público Fiscal.
En el día de la fecha notifiqué electrónicamente a las partes. Conste.
STELLA MARIS RODRIGUEZ
Secretaria Federal
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